El aumento de lavado de activos preocupa a gobiernos y organismos de control de todo el mundo. Esta práctica ilegal, que consiste en ocultar fondos a través de transacciones aparentemente legales, perjudica a todo el sistema financiero y permite que las ganancias de actividades criminales se legitimen en la economía. Por eso, combatir estas operaciones es una prioridad internacional.
Según Naciones Unidas, se estima que el monto total de fondos blanqueados por lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del PBI global. Esto equivaldría a una cifra entre 1,6 billones y 4 billones de dólares al año.
En Argentina los números del lavado de activos también merecen atención: la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF) estima que el umbral inferior para este delito supera los mil millones de dólares anuales.
En total, los datos oficiales identificaron 1.386 causas de lavado de activos iniciadas entre 2017 y 2020 en el país. El 42 % corresponden a activos provenientes de delitos tributarios, el 29 % a la narcocriminalidad, el 10 % a delitos contra la propiedad y el 9% a delitos aduaneros.
Además, el informe de la UIF evidenció las principales amenazas en este campo: la falta del Enfoque Basado en Riesgos (EBR), la dificultad de identificar a los Beneficiarios Finales y a las cuentas que operan con criptoactivos.
Cómo combatirlo
La primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como parte de estándares globales es aplicar el Enfoque Basado en Riesgos. Esta estrategia de gestión implica la identificación y evaluación de riesgos asociados con las actividades y clientes de una organización, en lugar de aplicar medidas uniformes.
Esto significa que las entidades analicen las transacciones según el riesgo de que se utilicen para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, anticipando el impacto que puedan tener. Con base en esta evaluación, se diseñan y aplican medidas de prevención y detección de acuerdo a la magnitud del riesgo.
“Muchas veces las empresas presentan dificultades a la hora de aplicar el EBR y eso puede desencadenar pérdidas financieras y daños graves a la reputación”, explica Martín Piñeiro, Director de Worldsys, firma especializada en el desarrollo de soluciones regtech.
La segunda recomendación a tener en cuenta por la UIF es identificar los Beneficiarios Finales, es decir, aquellas personas naturales que poseen control final de una entidad. Identificarlos es esencial para garantizar la transparencia en las operaciones financieras y evitar el uso indebido de estas estructuras con fines ilícitos.
Por último, la situación con respecto a los criptoactivos resulta más compleja, porque la tecnología avanza constantemente y aún falta un marco normativo que regule el uso de los activos virtuales. Sin embargo, las instituciones enfatizaron la necesidad de identificar las cuentas que operan con cripto.
La tecnología como aliada
La tecnología cumple un rol fundamental para el abordaje de estos desafíos. “Las soluciones regtech permiten automatizar y mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. Al utilizar herramientas avanzadas como el análisis de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, las empresas pueden monitorear de manera eficiente las transacciones, identificar riesgos potenciales y garantizar el cumplimiento en tiempo real”, dijo Piñeiro.
“Esto ayuda a evitar sanciones de los organismos de control y detectar irregularidades con mayor precisión, lo que es fundamental en un contexto de constantes cambios y regulaciones crecientes”, agregó el especialista.
En un mundo donde los avances tecnológicos son cada vez más acelerados y las transacciones financieras se complejizan, es importante contar con regulaciones y un monitoreo eficiente para combatir tanto el lavado de activos como otros peligros.
